Muchos días hablando de Volkswagen, pero aquí, en España han sido desmantelados ocho talleres por fomentar la contaminación. Los ocho, en la Comunidad de Madrid y han sido imputados por retirar los filtros anti partículas (FAP) y reprogramar el software de vehículos diésel con el fin de burlar los controles de la ITV. De esta manera, los vehículos manipulados incrementaban sensiblemente la potencia, con lo que la atracción era doble (mayor potencia y fraude a la ITV por el mismo precio).

Los agentes de Policía, dirigidos por la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo, iniciaron las investigaciones tras conocerse, por una denuncia, una práctica fraudulenta desarrollada en algunos talleres de Madrid. Dicha práctica consistía en la anulación electrónica y el vaciado mecánico de los filtros anti partículas en los vehículos diésel. Este tipo de modificaciones están tipificadas en el Código Penal como delito contra el medio ambiente, por lo que se realizaron comprobaciones varias para sacar a la luz el fraude.

El «modus operandi» era el siguiente: se empleaban equipos informáticos de diagnosis fraudulentos o manipulados para fines diferentes a los que servían. Además, se retiraba el filtro o se perforaba la pieza que lo contiene, con lo que se generaba la libre emisión de partículas a la atmósfera, contaminando mucho más y operando esos motores bajo circunstancias de nocividad muy elevada. AL reprogramarse la centralita de los vehículos, se modificaba el software original para elevar la potencia de los motores y ocultar cualquier error que pudiera dar la diagnosis del vehículo por el aumento de emisiones nocivas para el medio ambiente. Asimismo, se alteraban las características de homologación y las condiciones declaradas en los seguros. Con la reprogramación del software de la centralita, se conseguía hacer invisible el nivel de emisiones tan elevado para los sistemas de diagnosis de las ITV y para los propios centros oficiales de las propias marcas. Lo más curioso del asunto, es que los servicios a los que estamos haciendo referencia, se ofertaban a través de Internet y en los propios locales hoy imputados, de manera clara y notoria, como si de una actividad legal se tratara.

La operación continúa abierta ya que se han obtenido datos de más de 80 talleres en diferentes puntos de España donde se podrían estar realizando este tipo de operaciones fraudulentas.

Esta clase de prácticas provocan un grave perjuicio al medio ambiente al emitirse a la atmósfera sin filtro alguno elementos nocivos producidos en la combustión de los motores.

El negocio es evidente; sustituir el FAP costaría del orden de los 1.200 €, mientras que realizar esta operación de modificación delictiva cuesta entre 100 y 200 euros por automóvil.

Cuando hacemos uso del coche en carretera, el FAP es capaz de incinerar los residuos generados por los motores de ciclo diésel, pero cuando circulamos en ciudad, no se alcanzan las temperaturas suficientes para que esa incineración se produzca y, al quedarse acumuladas las partículas en el FAP, terminan obstruyéndolo e inutilizándolo, lo que supone un elevado coste de reparación. Si el FAP da error, la ITV nos echará el coche para atrás, con los consiguientes trastornos.

Sin embargo, si optamos por liberar de esta forma fraudulenta las partículas emitidas a la atmósfera, la broma nos saldrá mucho más económica, pero el coste medioambiental será muy grande. De momento, se ha evitado que siga adelante esta práctica con la intervención policial.